Recorte de prensa
Fuente: El Diario de Ávila
El PP de La Adrada, contra el traslado de documentos del Archivo de Salamanca. El Grupo Popular del Ayuntamiento de La Adrada presentó una moción para que “el patrimonio no sea moneda de cambio”. Los populares apoyarán “cuantas medidas se adopten por las instituciones de Castilla y León en aras de defender la integridad de nuestro patrimonio”.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de La Adrada presentó una moción en este Consistorio en contra del traslado de los documentos del Archivo Histórico a Cataluña.
En el mismo, los concejales populares adradenses indican que “no es aceptable que el Patrimonio Común de todos los españoles, de los castellano-leoneses, sea moneda de cambio para acuerdos políticos”.
Del mismo modo, el Grupo Popular del Ayuntamiento de La Adrada ha propuesto al pleno de la Corporación la adopción de una serie de acuerdos entre los que se detallan el “mostrar total apoyo a la unidad e integridad del fondo documental del Archivo General de la Guerra Civil española, ubicado en Salamanca” y también “instar al Gobierno de la Nación a que no adopte decisión alguna que comprometa dicha unidad e integridad, así como a respetar la legislación estatal y castellano leonesa en materia de Patrimonio Cultural”.
También y entre otros acuerdos propuestos por el Grupo Popular de La Adrada, se contempla el “apoyar cuantas medidas se adopten por las instituciones de Castilla y León en aras de defender la integridad de nuestro patrimonio” y de igual manera “dar traslado de los presentes acuerdos al presidente del Gobierno, al presidente de la Junta de Castilla y León, a la Ministra de Cultura, a la Consejera de Cultura y Turismo de la junta, al presidente de las Cortes regionales, y al alcalde de Salamanca”.
Entre los argumentos, el PP de La Adrada expone que “el fondo documental que alberga el Archivo General de la Guerra Civil española, en Salamanca, forma parte del Patrimonio Histórico español y, actualmente, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Es más, según palabras del informe del Grupo dé Expertos constituido por el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO para el estudio de los Archivos de Seguridad del Estado de los desaparecidos regímenes represivos, los fondos represivos son patrimonio de todo un pueblo. Se deben preservar de la forma más íntegra posible. En su conjunto, y por su extensión, son patrimonio de toda la Humanidad en cuanto a que deben fortalecer su memoria sobre los reflejos de la intolerancia, el racismo y los totalitarismos políticos”.
También señalan que “el 18 de mayo de 2004, el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Partido Popular y de CIU, acordó reabrir un proceso negociador con el gobierno de Cataluña, con el fin de alcanzar un acuerdo que permita resolver el contencioso planteado en relación con la documentación incautada que en la actualidad se haya recogida en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca”.
“Dicho acuerdo del Congreso de los Diputados choca frontalmente con el Patronato del Archivo del 22 de junio de 2002, al admitir la posibilidad de la desmembración del Archivo; y rompía, además, el consenso alcanzado en el propio Congreso de los Diputados de mayo, de 1996. Asimismo, suponía un desprecio a las instituciones democráticas de Castilla y León y Salamanca, sin consulta alguna a las mismas”.
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