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El pleno previsto para el jueves día 27, ha sido impugnado mediante un recurso contencioso administrativo por la Subdelegación del Gobierno de Ávila, con la finalidad de «asegurar la salvaguarda del interés general«.
Mediante este recurso se insta a los Servicios Jurídicos del Estado a impugnar el decreto ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa por considerar que «existe fraude de ley al utilizar una moción de censura con una finalidad que no es propia de una moción» y porque «no se cumplen los plazos legales» al convocar dicha moción antes del plazo establecido por la ley que estipula que debería celebrarse «al décimo día hábil siguiente al registro de la moción», condición que según la Subdelegación del Gobierno, no se cumple cuando se ha convocado dicho Pleno para el 27 de octubre.
El recurso está ahora en manos del juez de lo contencioso, que es quien tiene que decir la última palabra.

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