Recorte de prensa
Fuente: Ávilared
Así considera Izquierda Unida parte del contenido de la carta pastoral del obispo de Avila, Jesús García Burillo. Según el coordinador provincial de la coalición, Serafín de Tapia, “tanto el contenido como el tono de una parte del escrito manifiestan un escaso sentido de responsabilidad social”.
Desde su punto de vista, parece que la misiva “pretende crear un peligroso alarmismo entre la población abulense, haciendo creer que está en peligro la pervivencia de elementos sustanciales de la Religión Católica”, pese a que en España “no existe un problema religioso desde hace décadas”.
“Nos parece una grave irresponsabilidad la alusión al golpe de Estado: el Gobierno actual ha nacido de la libre voluntad de los ciudadanos y la situación de hoy no tiene nada que ver con los golpes de Estado sufridos en la reciente historia de España: el del general Franco contra la legalidad republicana y el frustrado de Tejero que pretendía ahogar en sangre la joven democracia española”, señala De Tapia.
Respecto a otras críticas contra el Ejecutivo central, el coordinador provincial de IU estima que están hechas “desde la posición de quien se cree el depositario o guardián de la moralidad ciudadana”. Al respecto precisa que “la jerarquía eclesiástica debería saber que en un sistema democrático la soberanía reside, a todos los efectos, en los ciudadanos”.
“Este escrito del Obispo nos induce a pensar que la jerarquía eclesiástica está dispuesta a manipular la opinión de gran parte de la población con tal de que sus privilegios históricos se mantengan intocables”, apunta, poniendo como ejemplo los “privilegios en el sistema educativo, la financiación de las actividades pastorales y la aceptación tácita de que la moral pública y privada es competencia exclusiva de la Iglesia”.
Para Serafín de Tapia resulta “extraño que el Obispo esté preocupado porque dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, pero que no dijese ni una palabra ante el hecho de que el gobierno anterior apoyase una guerra ilegal e injusta, que ha ocasionado la muerte de centenares de miles de personas inocentes”.
Asimismo, considera que “ha llegado el momento de aplicar la racionalidad democrática a las relaciones entre la institución eclesiástica y el Estado democrático”, de ahí que defienda “la derogación del Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, así como los Acuerdos de 1979 entre ambas instituciones”.
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