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Recorte de prensa
Fuente: Ávila Digital

10.50 horas. La Audiencia Provincial ha condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público al actual alcalde de La Adrada, Juan José Tomás, y al anterior regidor, Javier Cacho, ratificando así la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal por un “delito continuado de prevaricación administrativa” contra la entonces secretaria, Isabel Llanes. Tomás ha anunciado que no dejará la Alcaldía “hasta que se agote toda la vía judicial”.
“Me considero tan inocente como el resto de concejales que estaban en el Ayuntamiento en ese momento y que no han sido imputados”, ha indicado el actual alcalde, quien ha advertido que presentará “los recursos que sean necesarios” ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, al que puede acceder por tratarse de un cargo público.
Tomás ha insistido en que “la secretaria debería haber emitido un informe sobre si un acuerdo era o no ilegal” y ha asegurado que “el voto particular de uno de los magistrados me da la razón al hablar de la necesidad de que un órgano colegiado hiciera un informe”.
Asimismo, el regidor ha señalado que cuatro de los cinco actos que se le imputan sucedieron cuando su antecesor, Javier Cacho, era alcalde. “Podía estar de acuerdo o no, pero no podía tomar la decisión”, ha indicado.
Los hechos se remontan a 1997, cuando Javier Cacho -concejal del PP- llegó a la Alcaldía de La Adrada, desbancando a Benigno López, también del Partido Popular, a mitad de la legislatura. En 1999, Juan José Tomás accedió a la Alcaldía gracias al apoyo de un edil del PP y de Javier Cacho, que fue elegido concejal por una formación independiente.
La secretaria, Isabel Llanes, sufrió una reducción de sueldo de casi 700 euros a través del complemento específico y el de productividad, ya que los dos imputados consideraban que la denunciante “quería entorpecer la vida política”. Además, fue trasladada de despacho y se le quitó el acceso al fax y al teléfono.
Según las declaraciones de Tomás y Cacho en la vista oral, celebrada en el mes de mayo, la secretaria “no cumplía sus horarios y se negaba a hacer su trabajo” para apoyar al anterior regidor. Por su parte, Isabel Llanes aseguró que “el origen del conflicto podrían ser los informes jurídicos” que ella redactó contra los intereses urbanísticos de la familia Martínez Barderas.

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